El Gobierno aportará 201,7 millones a promotores privados para levantar 2.425 viviendas asequibles en suelos estatales

Una ayuda media de más de 83.000 euros por vivienda

El nuevo sistema de subvenciones, recogido en un proyecto de real decreto que ya ha superado el periodo de audiencia pública (cerrado el 8 de septiembre) y se encuentra en análisis de alegaciones, contempla una inversión total de 201,7 millones de euros. Esa cuantía se repartirá entre las 29 promociones previstas, lo que equivale a una ayuda media superior a los 83.000 euros por inmueble.

Los fondos serán transferidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a Casa 47, la entidad pública encargada de gestionar el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible. Las empresas y fondos privados que resulten adjudicatarios deberán encargarse de construir, mantener y gestionar las viviendas, que se destinarán al alquiler a precios por debajo del mercado.

La cifra supone un salto respecto al antecedente más reciente: las ayudas de 50.000 euros por vivienda financiadas con fondos europeos Next Generation, que impulsaron programas autonómicos y municipales. El Ejecutivo considera que el aumento es necesario para que las promociones sean viables pese a las limitaciones de renta que se impondrán.

Alquiler limitado al 30% de la renta familiar durante 50 años

Las viviendas que se construyan con estas subvenciones deberán mantener su destino de alquiler asequible durante medio siglo. El límite de las rentas se calculará tomando como referencia los ingresos de los hogares: el coste del alquiler, sumado a los suministros, no podrá superar el 30% de la renta disponible estimada para una unidad de convivencia considerada mediana, teniendo en cuenta el tamaño de la vivienda.

Para establecer esa referencia, el Gobierno utilizará los últimos datos disponibles sobre la renta de los hogares publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El objetivo es vincular el precio de los alquileres a la capacidad económica real de las familias y no únicamente a los precios existentes en cada mercado residencial.

Durante esos 50 años, los adjudicatarios privados deberán cumplir las condiciones de construcción, conservación y gestión de los inmuebles. Una vez concluido ese periodo, las viviendas tendrán que retornar al Estado. La concesión de la ayuda pública está condicionada a que los promotores mantengan el uso de alquiler asequible durante toda la vigencia del acuerdo.

La respuesta del sector privado a una demanda histórica

La medida responde a una petición que venía realizando el sector privado, tanto por parte de los promotores como de los fondos de inversión interesados en desarrollar carteras de viviendas destinadas al alquiler asequible. El Gobierno sostiene que estas aportaciones son necesarias porque los precios máximos de los alquileres reducen los ingresos que pueden obtener los promotores. Según la documentación del proyecto, en determinadas actuaciones los rendimientos no serían suficientes para recuperar la inversión realizada ni para garantizar una rentabilidad considerada razonable.

Las subvenciones pretenden cubrir parte de esa diferencia entre el coste de construir y mantener las viviendas y los ingresos que se podrán obtener mediante alquileres limitados. De esta manera, el Ejecutivo considera que la ayuda pública permite equilibrar las cuentas de unas promociones que, sin ese respaldo económico, no resultarían viables en condiciones normales de mercado.

Entre las actuaciones contempladas figuran desarrollos en ciudades como Madrid, Valencia y Sevilla, dentro de un conjunto de 29 promociones. La previsión es que las viviendas se incorporen al mercado en régimen de alquiler asequible una vez finalizadas.

A principios de año, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había anunciado la intención de licitar suelos para unas 2.800 nuevas viviendas, aunque la aplicación de esta iniciativa se ha retrasado. El contenido definitivo del real decreto podría experimentar cambios antes de su aprobación final, una vez se analicen las alegaciones presentadas durante el periodo de audiencia pública.