El 77% del parque residencial madrileño suspende en eficiencia energética: las letras E, F y G dominan el certificado

Un parque edificado con enorme potencial de mejora

Los datos de certificación energética dibujan un panorama claro: la mayoría de los edificios existentes se concentran en las calificaciones medias y bajas. En la Comunidad de Madrid, las letras E, F y G representan cerca del 77% de los certificados registrados, un porcentaje que para Pérez Castaños evidencia «el enorme potencial de mejora energética del parque residencial».

Ese potencial se concentra sobre todo en los edificios construidos antes de que se implantaran exigencias térmicas más estrictas en la normativa. Son inmuebles con envolventes poco eficientes, ventanas de baja prestación y sistemas de climatización obsoletos, que constituyen la mayoría del stock residencial.

Aunque la sostenibilidad pesa cada vez más, la experta señala que los motores principales que mueven a los propietarios a rehabilitar siguen siendo el ahorro económico, la revalorización de la vivienda, la mejora del confort y el acceso a ayudas y beneficios fiscales. De hecho, observa un patrón repetido: «Muchos propietarios se acercan inicialmente por las subvenciones, pero terminan valorando especialmente las mejoras de confort y la reducción de consumos que obtienen tras la rehabilitación».

Intervenciones individuales: qué funciona y qué barreras quedan

A nivel individual, las actuaciones más habituales para subir de letra son la sustitución de ventanas, la mejora del aislamiento, la instalación de sistemas de climatización más eficientes como la aerotermia y la incorporación de sistemas de control energético. El impacto varía según la vivienda, pero estas medidas suelen traducirse en una reducción significativa del consumo, una mejora del confort y una revalorización del inmueble.

Pérez Castaños huye de los costes medios: cada caso requiere un análisis técnico individualizado. Lo que sí subraya es que el interés está creciendo, especialmente desde la puesta en marcha de los programas financiados con fondos Next Generation, gracias al empuje de las ayudas públicas y al incremento de los costes energéticos.

En el ámbito residencial, sin embargo, las decisiones son más complejas porque dependen de múltiples propietarios y de acuerdos comunitarios, un factor que ralentiza las reformas en comparación con el sector terciario, donde la eficiencia está más consolidada por la presión de inversores, operadores y ocupantes.

Comunidades de propietarios y la oportunidad de los fondos europeos

Cuando la rehabilitación salta a la escala de edificio, las actuaciones con mayor impacto son los sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE), el aislamiento de cubiertas, la renovación de instalaciones térmicas y la implantación de fotovoltaica para autoconsumo. La respuesta de las comunidades está siendo positiva, sobre todo cuando las ayudas cubren una parte relevante de la inversión, a las que se suman las deducciones fiscales y la venta de ahorros energéticos mediante los certificados de ahorro energético (CAE).

Pero persisten barreras de calado: la financiación, la toma de acuerdos en las comunidades y la complejidad administrativa. Aquí es donde la responsable de la oficina de rehabilitación reivindica el papel de estas estructuras como ventanilla única: «Muchas comunidades y propietarios encuentran dificultades en la tramitación, la documentación requerida o la comprensión de los requisitos técnicos». Aunque las ayudas se aprovechan más que hace unos años, asegura que todavía existe margen de mejora para exprimir los fondos europeos y las deducciones fiscales disponibles.

Normativa: certificados G con validez reducida y técnico competente

La revisión del Real Decreto 390/2021 redujo la validez de los certificados G a cinco años y reforzó la figura del técnico competente, basada en la formación y no en la titulación. Pérez Castaños recuerda que esta medida entró en vigor en 2021 y que hasta ahora no ha supuesto un incremento de reformas. Cree que podría acelerarlas en el futuro, pero subraya que «esta obligación todavía carece de un desarrollo reglado».

A su juicio, obligar a revisar antes los inmuebles con peor comportamiento energético aumenta la visibilidad de sus deficiencias y favorece que se planteen mejoras. Sin embargo, el verdadero efecto dependerá de que los propietarios cuenten con información clara, asesoramiento técnico y acceso sencillo a las ayudas. En este punto, la experta aclara que los arquitectos técnicos ya son técnicos competentes sin necesidad de formación adicional, a diferencia de lo que la modificación del decreto exige a otras titulaciones.

En el sector profesional, la eficiencia energética se ha convertido en un factor estratégico: las empresas patrimonialistas, promotoras e inversores la incorporan cada vez más a su estrategia, porque la calidad energética de los activos influye en su valor, su atractivo para los usuarios y el acceso a financiación. El diagnóstico final apunta a un sector en transición: las herramientas normativas y las ayudas existen, pero la complejidad administrativa y la dispersión de la propiedad siguen siendo los cuellos de botella que impiden que la rehabilitación energética escale al ritmo que exige la descarbonización del parque residencial español.