El Gobierno aplaza a noviembre la votación de los decretos de vivienda y acerca su suerte a las elecciones

Un aplazamiento que cambia el calendario político de la vivienda

El Consejo de Ministros había aprobado de nuevo ambos textos la semana pasada, después de que el Pleno del Congreso los rechazara en primera votación. La intención inicial era someterlos cuanto antes a la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno cuando la Cámara está disuelta, pero el Ejecutivo ha optado por dejarlos fuera del orden del día de la reunión de este viernes.

En su lugar, los diputados abordarán el último decreto aprobado para responder a la situación en Oriente Próximo y el texto que contempla ayudas por los daños de la dana en Valencia, ambas normas también aprobadas en el mismo Consejo de Ministros que dio luz verde a las medidas de vivienda.

El aplazamiento es significativo porque el Gobierno había defendido la urgencia y extraordinariedad de estas medidas para justificar su nueva presentación sin esperar a las elecciones del 29 de noviembre. Ahora, el futuro de los decretos se decidirá previsiblemente el 6 de noviembre, una semana antes del inicio de la campaña electoral, que arranca el 13 de noviembre. La ley fija un plazo máximo de 30 días para que el Congreso se pronuncie sobre la convalidación o derogación de un real decreto-ley, un margen que el Ejecutivo todavía tiene para llevar los textos a una sesión posterior.

El primer decreto: prórroga de alquileres y límites a grandes tenedores

El primer decreto, que reúne la mayor parte de las medidas de vivienda, tiene opciones reales de ser convalidado. El PNV ya lo respaldó en la votación del pasado 2 de octubre y no hay indicios de que vaya a cambiar su postura. Además, el Gobierno no necesitaría el apoyo de Junts en esta ocasión, porque la composición de la Diputación Permanente es distinta a la del Pleno del Congreso, un cambio relevante con la Cámara disuelta.

Este texto ya está en vigor, de modo que algunas de sus disposiciones se están aplicando actualmente. Entre ellas figuran la posibilidad de prorrogar los contratos de alquiler durante dos años y las nuevas limitaciones a la compra de viviendas por parte de empresas, fondos y grandes propietarios. Son medidas que afectan directamente a inquilinos y pequeños propietarios, dos colectivos clave en el mercado residencial español.

El segundo decreto: renovación automática e indemnizaciones, en el aire

La situación es más incierta para el segundo texto, que incluye una renovación automática de los contratos de alquiler y contempla indemnizaciones a los inquilinos como sanción para los propietarios que incumplan las obligaciones previstas. El rechazo de Junts deja al Gobierno sin los apoyos necesarios para garantizar su aprobación, según las fuentes consultadas.

La entrada en vigor de este segundo decreto se fijó para el 15 de noviembre, una fecha posterior al plazo máximo previsto para que la Diputación Permanente decida sobre su continuidad. Esta circunstancia añade incertidumbre sobre el recorrido de la norma y sobre la posibilidad de que sus medidas lleguen a aplicarse.

Por ahora, no hay señales de que los partidos vayan a modificar la posición que ya expresaron en la votación anterior, pero el resultado podría ser diferente para cada uno de los dos decretos, puesto que sus contenidos y los apoyos parlamentarios con los que cuentan no son los mismos. La decisión del Ejecutivo de aplazar la votación hasta la antesala de los comicios convierte la vivienda en un eje central de la campaña electoral.