Cataluña activa su fondo antidesahucios con la compra de un edificio en Barcelona

La Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona han ejecutado la primera operación del Fondo de Emergencia Habitacional, conocido como fondo antidesahucios, con la compra de un edificio en el distrito de Sant Andreu. El acuerdo, cerrado un día después de la aprobación del mecanismo, ha permitido suspender de forma definitiva el lanzamiento que afectaba a 18 viviendas y a 32 personas, entre ellas seis menores.

Por Redacción11 de octubre de 2026, 07:03

Una compra que evita un desalojo inminente

El inmueble adquirido se encuentra en el número 74 de la calle Llenguadoc, en el distrito barcelonés de Sant Andreu. La operación se ha cerrado entre ambas administraciones y la propiedad, lo que ha dejado sin efecto el lanzamiento que estaba previsto para este miércoles a las ocho de la mañana.

El desalojo fue inicialmente frenado por movilizaciones sociales. A última hora de la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) comunicó la suspensión definitiva del procedimiento a petición de la parte propietaria, después de que esta alcanzara un acuerdo con la Generalitat y el consistorio para vender el edificio.

El inmueble alberga 20 viviendas, de las cuales 18 estaban afectadas por el lanzamiento. En ellas residen 32 personas, incluidos seis menores, que llevan varios años ocupando el bloque y que se enfrentaban a la posibilidad de perder su residencia.

Las administraciones y el papel de la movilización

La operación se ha cerrado mediante la colaboración entre el Govern catalán y el Ayuntamiento de Barcelona, ambas administraciones encabezadas por el PSC. Sin embargo, los responsables institucionales han destacado el papel que desempeñó la movilización ciudadana para impedir que el desalojo siguiera adelante.

El teniente de alcalde de Economía y Vivienda de Barcelona, Jordi Valls, puso en valor la participación de los movimientos sociales. Según señaló, el acuerdo entre las dos administraciones fue posible también gracias a la capacidad de estos colectivos para movilizarse ante una situación que amenazaba con dejar a varias familias sin hogar.

Por su parte, la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Lídia Gallén, subrayó la utilidad del nuevo instrumento para ofrecer una salida a quienes se encuentran en una situación residencial delicada. La responsable destacó que este mecanismo permite que personas que ya disponían de una vivienda puedan continuar viviendo en ella, en lugar de verse obligadas a abandonarla por un procedimiento de desahucio.

Un fondo de 25 millones ampliable a 50

El Fondo de Emergencia Habitacional fue aprobado por el Consell Executiu de la Generalitat con una dotación inicial de 25 millones de euros. Su presupuesto podrá ampliarse hasta alcanzar los 50 millones, con la finalidad de facilitar la adquisición de edificios destinados a atender las necesidades de hogares vulnerables que afrontan procedimientos que pueden terminar en un desalojo.

Este recurso no está planteado como la primera respuesta ante cualquier conflicto relacionado con la vivienda, sino como una herramienta para situaciones en las que ya no quedan otras alternativas. Los inmuebles que se compren mediante este procedimiento pasarán a formar parte de la cartera de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, el organismo autonómico encargado de gestionar estas viviendas.

La primera adquisición, cerrada apenas 24 horas después de la creación del fondo, sirve para mostrar cómo pretende actuar este mecanismo cuando existe un riesgo inmediato de pérdida del hogar. En el caso de la calle Llenguadoc, la intervención de las administraciones ha permitido alcanzar un acuerdo con la propiedad y dejar sin efecto definitivamente el lanzamiento previsto.

Un segundo fondo para ampliar el parque público

Además de este mecanismo, la Generalitat ha impulsado un segundo fondo destinado a realizar compras conjuntas de viviendas para facilitar el acceso a un piso a personas mayores de 40 años. Este instrumento cuenta con una dotación inicial de 100 millones de euros y tiene como objetivo incorporar 2.000 viviendas al parque público.

El funcionamiento de ambos fondos responde a propósitos diferentes. Mientras que el de emergencia busca evitar la pérdida de viviendas en casos de especial vulnerabilidad, el segundo pretende ampliar la oferta pública y favorecer el acceso residencial de un grupo de población que encuentra dificultades para conseguir una vivienda.

En este último caso, la Generalitat dispondrá de preferencia para adquirir la totalidad del inmueble si su propietario decide venderlo en el futuro. Esta condición permitirá a la Administración optar a la compra del activo y aumentar los recursos residenciales públicos, de acuerdo con los objetivos fijados para el programa.