El sector promotor cierra el V Congreso Nacional de Vivienda con seis ejes para desbloquear la oferta

Seis ejes para un mismo objetivo: más oferta

El V Congreso Nacional de Vivienda, organizado por APCEspaña y APCE Catalunya, ha reunido a más de 400 profesionales del sector y de las administraciones. Las conclusiones del encuentro, recogidas por APCEspaña en una nota de prensa de octubre de 2026, se articulan en seis grandes ejes: suelo, colaboración público-privada, financiación, industrialización, datos y diversidad de tipologías.

Todos apuntan a una misma prioridad para el mercado residencial: aumentar la oferta. Y hacerlo, sobre todo, en el segmento de vivienda accesible. El presidente de APCEspaña y APCE Catalunya, Xavier Vilajoana, aprovechó el discurso de clausura para reiterar la necesidad de un pacto de Estado entre las fuerzas políticas una vez celebrados los comicios: «Construir una vivienda es el resultado final de un camino, y deberíamos ser capaces entre todos —administraciones, sector privado y sociedad civil— de conseguir que ese camino sea más corto, más previsible y más capaz de responder con celeridad a las necesidades reales de la gente», afirmó.

Una nueva Ley del Suelo y menos burocracia

El sector promotor considera urgente, como lleva reclamando desde hace años, la aprobación de una nueva Ley del Suelo. A ello suma la petición de menos regulación y de una reducción de la burocracia que no frene los desarrollos urbanísticos, con un planeamiento más flexible y procedimientos más ágiles. La reducción de trámites fue, según la patronal, un clamor unánime entre los ponentes.

Durante el congreso también se insistió en que el suelo debe planificarse anticipando dónde se crearán los hogares del futuro. Para ello, datos, demografía, infraestructuras y planeamiento tienen que formar parte de una misma estrategia, en lugar de avanzar por vías separadas.

La petición de una nueva Ley del Suelo no es nueva, pero adquiere relevancia en un contexto electoral, con los comicios del 29 de noviembre en el horizonte. El sector promotor traslada así a la política una agenda centrada en la oferta y en la estabilidad normativa.

Colaboración público-privada y financiación

Sin colaboración público-privada, seguridad jurídica y viabilidad económica, advierte el sector, será muy difícil alcanzar la escala necesaria para responder a las necesidades de vivienda. Las conclusiones reclaman que la política de vivienda tenga continuidad y que exista cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con independencia de quién gobierne en cada momento.

La receta pasa por actuar a la vez sobre varios frentes: suelo y planeamiento, licencias, financiación y capacidad de ejecución. Abordar solo uno de ellos, según se desprende del diagnóstico del congreso, deja intactos los demás cuellos de botella.

En cuanto a la financiación, el reto es hacer financiables más proyectos y cubrir los huecos existentes en determinadas fases de la producción. Varios ponentes coincidieron en que la financiación bancaria y la alternativa son complementarias: un ecosistema financiero más diverso permitirá atender distintos riesgos, fases y necesidades. Los recursos públicos, por su parte, tienen mayor capacidad transformadora cuando actúan como palanca —mediante financiación, avales o garantías— para movilizar mucho más capital privado. La vivienda asequible, además, necesita una financiación adaptada a sus menores rentabilidades y a sus horizontes temporales más largos.

Industrialización, datos y diversidad de tipologías

Si se quiere producir significativamente más vivienda, el sector también tiene que aumentar su capacidad productiva. Para el sector promotor, la industrialización es una de las principales herramientas para lograrlo, y su valor no debe medirse solo por una eventual reducción de costes: aporta productividad, plazos más predecibles, calidad y seguridad. Hay, además, un argumento laboral de peso: la construcción industrializada permite producir con menos dependencia de una mano de obra cada vez más escasa y que necesita un relevo generacional, uno de los problemas estructurales que el sector arrastra desde hace años.

En el eje de los datos, el congreso defendió que una buena política de vivienda comienza por un buen diagnóstico. Eso exige conocer qué mide cada fuente y evitar que cifras aisladas se conviertan en explicaciones simples de problemas complejos. Los ponentes de la mesa dedicada a los datos subrayaron que la información debe servir para anticiparse: prever la formación de hogares y la demanda futura permite planificar con tiempo suelo, infraestructuras y vivienda. Las políticas públicas, añadieron, deben medirse por resultados, con indicadores que permitan saber qué medidas funcionan, cuáles no y cuáles pueden replicarse en otros territorios.

El último eje pone el foco en la dimensión social del problema. La dificultad de acceso a la vivienda ha dejado de afectar exclusivamente a los colectivos vulnerables y alcanza ya a amplias capas de las rentas medias y, especialmente, a la juventud. Por eso, el congreso concluyó que no existe una única necesidad residencial: compra, alquiler y otras fórmulas deben convivir para responder a los distintos momentos vitales de la ciudadanía. En el caso del alquiler, la conclusión es que mejorar el acceso pasa por aumentar la oferta, y que para movilizarla resulta esencial generar confianza y seguridad tanto para la propiedad como para la parte inquilina.

Lo que está en juego va más allá del techo: la vivienda condiciona la emancipación, la formación de hogares, la movilidad, las decisiones familiares y, en definitiva, el proyecto vital de las personas.