La lentitud de las licencias urbanísticas bloquea miles de viviendas y encarece el acceso, según Concovi
Miles de viviendas en España permanecen paralizadas durante años por la lentitud en la concesión de licencias urbanísticas, un problema estructural que el sector considera ausente del debate público y que encarece los proyectos, reduce la oferta y aleja a las familias del acceso a una casa. Así lo ha denunciado Javier de Osma, director del Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de Concovi, en una tribuna publicada este martes.
Un freno que no es de mercado, sino de gestión pública
En muchas ciudades de España, obtener una licencia de obra puede superar ampliamente los dos años, según señala Javier de Osma en su artículo. Durante ese tiempo, un proyecto permanece bloqueado sin una justificación técnica proporcional, generando costes, incertidumbre y, en numerosos casos, inviabilidad.
El director del Registro de Demandantes de Vivienda y Suelo de Concovi subraya que no estamos ante un problema de mercado, sino de gestión pública. Cada retraso administrativo encarece los proyectos, reduce la oferta disponible y aleja aún más a miles de familias de la posibilidad de acceder a una vivienda.
La tribuna, titulada 'La vivienda no puede esperar: el impacto de los plazos administrativos en el acceso a la vivienda', pone el foco en un aspecto que considera ignorado en el debate público sobre el acceso a la vivienda en España, donde se analizan precios, se proponen medidas regulatorias o se señala al mercado, pero no se aborda la incapacidad de la administración para tramitar proyectos en plazos razonables.
El cooperativismo, la fórmula que choca con la burocracia
De Osma destaca el caso de las cooperativas de vivienda, un régimen al que se inscriben muchas personas buscando acceder a una casa en condiciones asequibles, a precio de coste. Son ciudadanos que necesitan una solución habitacional y que encuentran en esta fórmula una vía para organizarse y participar.
Sin embargo, ese esfuerzo colectivo se encuentra con un obstáculo recurrente: los tiempos de tramitación urbanística. Dos años en los que un proyecto permanece bloqueado, en los que viviendas que podrían estar en construcción siguen detenidas en procedimientos administrativos.
El autor subraya que cada expediente retrasado, cada licencia que no se resuelve en plazo, tiene un impacto directo sobre personas concretas. "Los funcionarios y los técnicos deben ser conscientes de que cada resolución que se retrasa está afectando a miles de familias que siguen esperando acceder a una vivienda", afirma en su texto.
La propuesta: plazos máximos vinculantes y refuerzo técnico
Ante lo que considera una disfunción estructural, De Osma reclama cambios profundos en la gestión urbanística. Entre sus propuestas figuran establecer plazos máximos vinculantes, reforzar los equipos técnicos, simplificar procedimientos y asumir que la agilidad administrativa es una condición necesaria para que el sistema funcione.
"Hoy existen proyectos, existe demanda organizada y existe capacidad para desarrollar vivienda. Lo que no existe es una administración capaz de acompañar ese proceso al ritmo que la sociedad necesita", sostiene.
El artículo concluye que la distancia entre la demanda real de vivienda y la que finalmente se construye no responde únicamente a factores económicos o de mercado, sino que los bloqueos administrativos y los largos tiempos de tramitación también pueden retrasar o impedir el desarrollo de proyectos viables. "Mientras no se actúe sobre este punto, cualquier otra medida será insuficiente", advierte.
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