El Gobierno aprueba dos decretos de vivienda: blindaje antidesahucios hasta 2030 y veto a fondos buitre hasta 2028

Qué recoge cada decreto

El primer real decreto concentra el grueso del paquete. Extiende hasta 2030 la protección frente a los desahucios, regula el alquiler de temporada y el de habitaciones, dos modalidades que centraron buena parte del debate, y prohíbe hasta 2028 que los llamados fondos buitre adquieran viviendas.

El texto incluye además una prórroga de dos años para los contratos vigentes que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras medidas. Según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana citadas por el medio que ha adelantado la información, ambos textos defienden "los intereses y los derechos de la ciudadanía".

El segundo real decreto se limita a la renovación automática de los alquileres, una medida que no cuenta con el respaldo de formaciones como PNV y Junts. Que esta cuestión viaje en un decreto independiente no es un detalle menor: permite que su suerte parlamentaria no arrastre consigo al resto de medidas si el Congreso la rechaza.

El pacto PSOE-Sumar y las exigencias de última hora

El acuerdo entre los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, llegó en el último momento. La reunión del Consejo de Ministros arrancó pasadas las 10.30 horas, con una hora de retraso por las negociaciones de última hora.

Sumar exigía que el texto incorporase la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos, dos demandas del Sindicato de Inquilinos, que impulsa la acampada de protesta instalada en la Puerta del Sol de Madrid. Ambas reivindicaciones han terminado encontrando acomodo en los textos aprobados.

La foto de este martes contrasta con la de hace seis meses. Cuando el Gobierno aprobó su anterior real decreto en materia de vivienda, los ministros de Sumar no acudieron a la reunión al considerar que las medidas se quedaban cortas. El socio minoritario consiguió ampliarlas a base de presión, pero aquella norma decayó un mes después al no superar la convalidación en el Congreso de los Diputados. Ese precedente pesa ahora en el PSOE, que busca un acuerdo de mínimos capaz de sumar a todos sus socios de investidura, incluidos los situados más a la derecha, como PNV y Junts.

La oposición y los socios, a la espera de los textos

El resto de grupos parlamentarios explica que todavía no ha tenido acceso al contenido de los decretos, por lo que prefiere esperar a disponer de los textos para concretar el sentido de su voto en el pleno del viernes. Hasta ahora, la información que manejan procede de lo publicado en la prensa.

El PP ya ha avanzado su posición. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, anticipó este martes por la mañana, durante un encuentro con la Confederación Empresarial de la Comarca de Terrassa, que su partido votará en contra. "El daño que ha hecho este Gobierno no lo van a reparar los culpables, es decir, este Gobierno", afirmó el dirigente popular.

En Junts piden prudencia antes de pronunciarse, ya que a lo largo de las próximas horas conocerán en profundidad los detalles de los textos. La formación de Carles Puigdemont sí ha querido apuntar una primera impresión: "El hecho de dividir un decreto es un hecho que, como mínimo, sorprende", señalan desde el partido, que recuerda que su prioridad pasa por proteger a los pequeños propietarios.

Un viernes decisivo para el mercado del alquiler

La votación del viernes tiene consecuencias que van más allá de la aritmética parlamentaria. Para el mercado del alquiler, el resultado definirá durante los próximos años las reglas de juego para arrendadores e inquilinos, desde la duración de los contratos hasta el margen de actuación de los grandes inversores.

Sobre la mesa está también la dimensión social de un problema que figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. No es la primera vez este año que la Cámara Baja tiene en sus manos esta cuestión: en marzo ya tuvo que votar la prórroga de la suspensión de desahucios. Ahora, la convalidación o no de estos decretos marcará el rumbo de la política de vivienda en lo que queda de legislatura.