El Gobierno aprueba dos decretos de vivienda con blindaje antidesahucios hasta 2030 y veto a fondos buitre hasta 2028

Un paquete de medidas que afecta a inquilinos, propietarios y plataformas

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado el paquete en la rueda de prensa posterior al Consejo como «un acuerdo de mucha relevancia social». El primer decreto concentra el grueso de las medidas, mientras que el segundo reúne en un texto aparte la renovación automática de los contratos, una fórmula que busca que el desacuerdo sobre este punto no arrastre al resto del paquete.

Según las estimaciones del Ministerio, la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 alcanzará a unos dos millones de contratos de alquiler. El Ejecutivo también incorpora la renovación automática de los alquileres de vivienda habitual en beneficio de la parte arrendataria, con excepciones por necesidad de la propiedad, de un familiar u otras circunstancias sobrevenidas. Rodríguez ha recordado que la entidad pública Casa 47 ya ofrece contratos de hasta 75 años y ha defendido trasladar esa estabilidad al mercado privado.

El pleno del viernes decidirá si las medidas echan a andar. La ministra ha reclamado a los grupos parlamentarios que mantengan el acuerdo alcanzado con organizaciones sociales y especialistas, y ha pedido seguir negociando para lograr también la convalidación del segundo decreto, que se ha trabajado menos con los grupos.

Veto a los fondos buitre y mayor presión fiscal sobre la vivienda vacía

El decreto limitará hasta 2028 la adquisición de viviendas y edificios residenciales por parte de fondos y empresas especializadas en la compra de inmuebles o carteras de deuda cuyo destino no sea el alquiler asequible, según fuentes de Sumar. Rodríguez ha asegurado que el texto incluirá una «definición muy rigurosa» de fondo buitre y ha citado el caso de Urbagestión, propietaria del piso del que fue desahuciada Maricarmen, que «en puridad tal vez no fuera un fondo», sino una «pyme buitre, muy carroñera». La norma deja fuera a entidades públicas como Casa 47.

En el mismo bloque, el Gobierno reordena la fiscalidad de las socimi con un gravamen de hasta el 25% sobre los beneficios no distribuidos, que favorece a las sociedades que destinen sus viviendas al alquiler asequible. Los ayuntamientos podrán aplicar mayores recargos en el IBI a los inmuebles desocupados y sube la tributación de la vivienda vacía en el IRPF. Además, el derecho de tanteo y retracto de la población inquilina pasa a ser irrenunciable y se extiende a la venta de edificios completos y carteras.

IVA del 10% para el alquiler turístico y fin de la exención actual

Los pisos turísticos, hoy exentos, tributarán a un IVA del 10%, frente al 21% que figuraba en el primer borrador. La ministra ha atribuido la rebaja al diálogo mantenido durante la negociación y ha subrayado que la medida debe completarse con la ordenación turística de las comunidades autónomas. Su duración máxima queda limitada a 31 días, se habilitan recargos en el IBI en zonas tensionadas y se endurece el régimen sancionador de las plataformas digitales.

El texto persigue además el fraude en los alquileres de temporada y de habitaciones, habitualmente utilizados para eludir las obligaciones del alquiler de vivienda habitual. Será obligatorio acreditar el uso temporal y, si se encadenan contratos, pasarán a considerarse vivienda habitual. En el caso de las habitaciones, la regulación incorpora una cláusula competencial para comunidades con derecho civil propio, como Cataluña.

Rentas congeladas, bonificaciones al inquilino y préstamos al 0% para la entrada

La actualización anual de la renta queda congelada al 0% en los contratos que superen el índice de precios de referencia y limitada al 2% en el resto hasta el 31 de diciembre de 2027. En zonas tensionadas, los límites no podrán sortearse con nuevos gastos, cuotas, tasas o servicios repercutidos a la parte arrendataria. La vivienda protegida y la de promoción pública pasan al IVA superreducido del 4%, y el decreto refuerza el modelo de Casa 47. Ampliar el parque público es una «prioridad absoluta», ha defendido Rodríguez.

Las personas inquilinas con ingresos de hasta 30.000 o 33.000 euros contarán con bonificaciones fiscales graduadas según su renta. De acuerdo con las estimaciones de la Agencia Tributaria citadas por la ministra, llegarán a unos 1,6 millones de hogares y, en algunos casos, supondrán un ahorro equivalente a una mensualidad de alquiler. El Ejecutivo activa también Tu Casa, un mecanismo gestionado por el ICO que adelantará a las familias hasta el 20% del valor de la vivienda, con un máximo de 50.000 euros, mediante un crédito hipotecario a tipo cero. Es una de las pocas medidas del paquete orientadas a la compra, en un mercado residencial donde reunir la entrada sigue siendo la principal barrera de acceso.