El Gobierno cifra en 1.600 millones el coste público de los dos decretos de vivienda que se votan este viernes

El peso de las medidas fiscales en el presupuesto

El grueso del impacto se concentra en el decreto que incorpora las medidas fiscales, la protección frente a desahucios y la prohibición de determinadas compras de vivienda por parte de los llamados fondos buitre, mientras que el segundo texto, el que regula la renovación automática de los contratos de alquiler, no lleva asociado gasto público concreto.

La razón es que ese segundo decreto no modifica tributos ni crea nuevos órganos o partidas presupuestarias. La memoria económica señala que los informes de vulnerabilidad que deben elaborar los servicios sociales autonómicos o municipales ya forman parte de sus funciones actuales, por lo que el Ejecutivo considera que no se amplían las tareas existentes.

El texto sí incorpora una obligación para los propietarios: abonar una indemnización equivalente a doce meses de alquiler a los inquilinos cuando decidan romper el contrato en los supuestos contemplados. En cuanto al posible coste de que las administraciones públicas actúen como arrendadoras, el Gobierno indica que no resulta cuantificable.

Deducciones al inquilino y gravamen a la vivienda vacía

La mayor partida presupuestaria procede de la deducción del 10% en el IRPF para determinados inquilinos que alquilen su vivienda habitual. Podrán aplicarla los contribuyentes con una base imponible inferior a 33.007,20 euros y, según los cálculos de Hacienda, alcanzará a unas 945.000 personas, con un coste estimado de 835 millones de euros.

El siguiente bloque relevante son los 370 millones de euros que costará la deducción del 60% en el IRPF vinculada a la rehabilitación energética y a determinados contratos de alquiler firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023.

El mantenimiento del tipo del 1,1% en el IRPF aplicado a las viviendas vacías afectará a unos 2,36 millones de declaraciones de la renta y supondrá una reducción de la recaudación de aproximadamente 154 millones de euros. A ello se suman unos 380 millones por las modificaciones relacionadas con el rendimiento por parentesco y la imputación de renta.

En el capítulo de vivienda vacía, el decreto contempla también recargos en el IBI, aunque Hacienda no concreta su impacto porque es un impuesto gestionado por las entidades locales y su aplicación depende de que el inmueble se encuentre en una zona tensionada declarada oficialmente.

Bonificaciones al propietario y cambios en el IVA

Los propietarios que alquilen sus viviendas a un precio reducido podrán acceder a reducciones en el IRPF que pueden llegar al 100% del impuesto cuando, al formalizar un nuevo contrato, se reduzca el precio del alquiler un 5%. El Gobierno no ofrece una cifra concreta sobre el coste de esta medida porque dependerá de cómo se distribuyan los contratos entre los distintos supuestos previstos.

El paquete incluye una exención de IRPF para las ayudas a la rehabilitación contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que beneficiaría a 11.915 contribuyentes con un coste de 6,8 millones, y la exención de la ganancia patrimonial por transmisión de una vivienda desocupada a entidades públicas, con un coste de 93,9 millones según la Agencia Tributaria.

En el IVA, la aplicación de un tipo del 10% a los pisos turísticos supondrá un aumento de los ingresos de unos 170 millones al año, de los que 14 millones corresponderían a diciembre si el texto se convalida. Frente a ello, el tipo reducido para obras de renovación en viviendas destinadas al alquiler costará 103,5 millones anuales y el IVA al 4% para viviendas protegidas, 121,2 millones. El decreto eleva además del 15% al 25% el gravamen sobre los beneficios de las socimi, lo que permitirá recaudar 1,2 millones adicionales, frente a unos 3 millones en deducciones aplicables a estas sociedades.