La OCU avisa de que endurecer la recuperación de pisos alquilados puede recortar la oferta de alquiler

Luces y sombras del paquete de medidas

La OCU considera un avance que el Gobierno haya aprobado nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda, aunque insiste en que el problema tiene un carácter estructural. En su análisis, los principales obstáculos siguen siendo la escasez de oferta residencial, especialmente en las grandes ciudades, y el reducido parque público de alquiler.

El Real Decreto-ley 26/2026, en vigor desde el 1 de octubre, introduce cambios en el mercado del alquiler, incentivos fiscales, medidas para impulsar la vivienda asequible y mecanismos para facilitar el acceso a la primera vivienda. La organización de consumidores valora especialmente el impulso al parque público de alquiler y las medidas para movilizar viviendas vacías mediante incentivos.

También ve con buenos ojos el refuerzo de la protección de los consumidores y los mecanismos contra usos fraudulentos de los contratos de alquiler de temporada. Pero advierte de que ninguna de estas medidas puede resolver por sí sola el déficit de vivienda existente.

La preocupación por el Real Decreto-ley 27/2026

La principal preocupación de la OCU se centra en el Real Decreto-ley 27/2026, aprobado un día después del anterior y centrado en modificar las condiciones de duración de los contratos de alquiler. La organización reconoce que reforzar la estabilidad residencial de los inquilinos es un objetivo legítimo, pero cuestiona tanto la urgencia de la reforma como su posible aplicación a contratos ya vigentes.

El razonamiento de la OCU es claro: un cambio que dificulte o encarezca para los propietarios la recuperación de una vivienda alquilada puede influir en su decisión de mantener esos inmuebles en el mercado. La organización apunta que algunos propietarios podrían optar por vender sus viviendas, retirarlas del mercado del alquiler o establecer condiciones más exigentes para futuros arrendamientos.

Ese comportamiento tendría una consecuencia relevante: una menor oferta de viviendas disponibles para alquilar. En un mercado que ya presenta problemas de disponibilidad, la OCU considera que esta situación podría dificultar todavía más el acceso a una vivienda para quienes buscan un alquiler.

La advertencia no implica que la organización rechace el objetivo de dar mayor estabilidad a los inquilinos. Su planteamiento pasa por combinar esa protección con medidas que eviten que las nuevas obligaciones acaben reduciendo el número de viviendas disponibles para el alquiler.

Una política de vivienda a largo plazo

Ante la posibilidad de que el Congreso convalide una o ambas normas, la OCU reclama que las reformas vayan acompañadas de una política de vivienda más amplia y coherente. La organización considera necesario aumentar de manera sostenida el parque público de alquiler asequible y facilitar que las viviendas vacías o infrautilizadas puedan incorporarse al mercado, para lo que propone incentivos, garantías de cobro y programas de rehabilitación.

También reclama una mayor seguridad jurídica para los pequeños propietarios ante situaciones de impago, daños o incumplimientos graves. Y plantea que existan procedimientos ágiles de mediación y resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos, con el objetivo de solucionar los problemas que surjan durante los contratos sin que las partes tengan que afrontar procesos excesivamente largos.

Otra de las peticiones es que las nuevas medidas sean evaluadas de forma periódica. La OCU considera necesario analizar cómo afectan a la oferta de alquiler, al número de contratos que se firman y a la duración efectiva de estos acuerdos.

El contexto es significativo: el Gobierno ha elevado a 1.600 millones de euros el coste público en caso de aprobarse los dos decretos de vivienda, según la información publicada por la fuente consultada.