Los terremotos de Granada dejan 12.531 solicitudes al seguro y 35 millones en daños, el 93% en viviendas

Un goteo de reclamaciones que se cuenta por minutos

El Colegio de Mediadores de Seguros de Granada, encargado de facilitar los datos, ha puesto cifras a la velocidad con la que se han disparado las reclamaciones. Solo el 19 de agosto, en apenas siete horas —entre las 8.00 y las 15.00— el CCS registró 2.312 solicitudes, un ritmo cercano a un expediente cada diez segundos.

A las 15.44 de ese mismo día el recuento ya marcaba 6.754 expedientes. Menos de 48 horas más tarde, a primera hora del 21 de agosto, la cifra se había duplicado prácticamente hasta llegar a las 12.531 solicitudes actuales.

El organismo insiste en que este número es provisional: tanto el volumen de expedientes como la valoración económica —de momento por encima de los 35 millones de euros— irán ajustándose a medida que avancen las peritaciones sobre el terreno. La cifra de 12.531 solicitudes y los 35 millones en daños son, a día de hoy, un punto de partida y no un cierre.

La vivienda concentra el 93% de los expedientes

Del total de expedientes, 11.719 —más del 93%— corresponden a viviendas y comunidades de propietarios, lo que confirma que el impacto económico de la crisis sísmica recae de forma casi exclusiva sobre el parque residencial. El resto se reparte entre 609 solicitudes de comercios, almacenes y otros riesgos, 152 de oficinas, 34 de riesgos industriales y 17 de vehículos.

La onda de reclamaciones tampoco se ha quedado en la capital: el CCS ha recibido expedientes procedentes de 74 municipios de la provincia de Granada, a los que se suman diez de Málaga y nueve de Jaén.

Granada capital concentra el grueso, con 6.086 expedientes, seguida de Ogíjares (1.251), Armilla (1.192), Churriana de la Vega (688), Las Gabias (503) y La Zubia (501). Vegas del Genil, Gójar, Alhendín, Maracena, Huétor Vega, Cájar, Cúllar Vega y Villa de Otura completan la lista de municipios que superan el centenar de solicitudes.

Los edificios aguantan, la incertidumbre no

El volumen de reclamaciones económicas contrasta, sin embargo, con el balance estructural que maneja el Ayuntamiento. Tras revisar cerca de 700 edificios entre viviendas privadas e inmuebles públicos, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha descartado daños estructurales graves y ha defendido que la ciudad ha resistido los movimientos sísmicos, atribuyendo ese comportamiento a una normativa de construcción especialmente exigente frente al riesgo sísmico.

Carazo ha evitado dar por cerrado el episodio: la actividad sísmica continúa y, según ha reconocido, los expertos todavía no pueden precisar cuánto se prolongará. Como referencia, ha recordado que Granada ya vivió en 2021 una sucesión de movimientos similares que se extendió durante meses, aunque entonces de menor intensidad.

Qué pueden hacer los afectados a partir de ahora

El Colegio de Mediadores recuerda que los daños se pueden notificar aunque hayan pasado varios días desde el seísmo, y el propio CCS ha confirmado que seguirá tramitando solicitudes aunque se haya superado el plazo de siete días que marca la legislación de seguros. La condición para acceder a la indemnización es contar con una póliza en vigor en el momento del terremoto, ya que la cobertura de riesgos extraordinarios se aplica según las condiciones específicas de cada contrato.

Antes de limpiar o reparar, los mediadores recomiendan fotografiar y grabar los desperfectos, y conservar siempre que sea posible los restos de los bienes dañados para que el perito pueda examinarlos. Si una reparación urgente no puede esperar a esa visita, es imprescindible guardar las facturas correspondientes.

El Ayuntamiento, por su parte, ha puesto en marcha una rebaja del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para quienes reparen daños en viviendas y locales comerciales, y ha abierto una oficina de información en el Zaidín —uno de los distritos más golpeados— para orientar a los vecinos sobre los trámites disponibles. El verdadero indicador a vigilar no es tanto el balance económico como la duración de la crisis sísmica, la variable que ni el Ayuntamiento ni los expertos son capaces todavía de acotar.